Lo cierto es que, en estos tiempos de globalización, en el campo de las cosas que pertenecen a la cotidianidad más cercana, todo parece estar inventado por lo que no tiene sentido alguno intentar encontrar un nuevo camino para lograr que el agua se ponga tibia.

Sinceramente me gustaría conocer dónde el Gobierno cubano buscó información, experiencias y formas de hacer para que un nacional pueda realizar la legalización de su vivienda. Recuerdo que hace un tiempo, con mucho bombo y platillo, se anunció que el número de trámites, luego de un profundo estudio y revisión, había disminuido de cerca de cuarenta hasta diecinueve. ¡Increíble!

Lo que les voy a confiar no me lo contó nadie, es lo que viene sufriendo mi propia familia y, que conste, no es de los casos más complicados, de esos que prácticamente deben iniciar desde cero, luego de alcanzar la aprobación y el beneplácito de no se cuantos dirigentes y entidades.

Sencillamente la dueña falleció y nos legó esta casa como parte de su herencia. Han pasado ya dos años y mi hijo mayor que residía en este mismo lugar, por una u otra razón de papeles, no ha podido legalizar la propiedad. Como no quiero hacer una larga lista de desencuentros voy a referirles lo que se supone sea el último o uno de los últimos capítulos de esta historia: en el mes de septiembre del año 2019, luego de realizar muchas, muchas gestiones, nos personamos a la Dirección de la Vivienda para recoger lo que se suponía fuera el expediente listo para realizar la inscripción de nuestra casa en el Registro de la Propiedad.  Una abogada de la entidad hizo entrega de los documentos y dijo que podíamos dirigirnos a la notaría para inscribirla en el Registro de la Propiedad. Al llegar a este sitio, una notaria, luego de revisar someramente el mismo, detectó que faltaba el denominado Pago por el Derecho Perpetuo de Superficie, por lo que debíamos dirigirnos a la Dirección de Planificación Física.

El 27 de septiembre realicé la solicitud del trámite y me informaron que para el mismo necesitaban un plazo de 60 días hábiles pues debían contratar a los compañeros de Geocuba para la medición del terreno y que, además, tenían una sola computadora y para colmo, los estaba afectando bastante la falta de fluido eléctrico.

A principios del mes de diciembre, a pesar de haber concluido el plazo, todavía los especialistas no habían emitido el documento, tuvimos que esperar hasta el 8 de enero para recibirlo y efectuar el pago en el banco. Con el recibo de haber saldado nuestra deuda, volvimos a Planificación Física pensando que tendríamos de vuelta nuestros documentos, pero no fue así, se nos informó que el próximo paso era que la abogada de la entidad emitiera una certificación legal de que habíamos pagado y que para eso tenían un nuevo plazo de 30 días hábiles.

Ya se cumplió ese tiempo y todavía estamos sin nuestros papeles, la dificultad en este momento radica en que la Dirección de Planificación Física tomó la decisión de repartir sus especialistas en cada uno de los distritos en que se divide la ciudad y los compañeros se están mudando.

En su nueva situación geográfica los del Distrito Tres comparten un local con los compañeros de la Vivienda en la zona llamada El Copa, donde también les entregaron una instalación que sus actuales inquilinos se niegan a abandonar; supe de estos problemas porque anduve por allá en busca de mis papeles, ahora la abogada dice que vaya dentro de quince o veinte días, y me volvió a hacer la vieja historia de las computadoras a lo que se suma el tema del local para trabajar. Por cierto, pude verlas a ella y otra funcionaria atendiendo a la población casi en plena calle, sentadas en un muro.

Caminando de vuelta a “mi casa no legal”, me asaltaron varios temores, el primero de ellos es que cuando, por fin, volvamos a recuperar el expediente, posiblemente alguno de sus documentos pudiera haber caducado con todas las implicaciones que esto supone; otro bien cierto y palpable es que somos una suerte de ilegales en esta ciudad y por esta causa existen varias gestiones imprescindibles que no podemos realizar y, por último, si este trámite poco complejo ha ocupado casi ciento cincuenta días, se me ocurre pensar que la legalización de una vivienda, en un proceso más complejo que el nuestro, puede llevar varios años, por lo que las personas o familias debieran empezar a prepararse para recibir su título posmorten, claro, teniendo en cuenta que si uno de los titulares de la propiedad fallece hay que recomenzar todo el proceso. ¡Lo de nunca acabar!